Punto de acuerdo presentado en el congreso solicitando un informe
sobre las licitaciones otorgadas en áreas territoriales indígenas, el impacto
económico, ambiental y las relaciones laborales subsistentes, especialmente en
las minas de oro y plata.
Diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 79,
numeral I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración
de esta Honorable Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con
base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El sector minero tiene una gran importancia en la historia, la
economía, la organización social, el presente y el futuro de México. La
diversidad y abundancia de minerales de nuestro territorio, siempre ha sido una
de nuestras mayores riquezas. Ello queda claro con las motivaciones de las
misiones españolas hacia nuestro país, el litigio juarista con las compañías
mineras y el énfasis del Constituyente del 17 en la redacción de un amplio,
detallado y pleno de soberanía artículo 27 constitucional, que es el fundamento
más sólido del estado nacional.
Los recursos naturales son primordiales, esenciales para la
subsistencia del país, incluso por su relación con la cultura, la identidad y
el desarrollo de nuestros pueblos indígenas. De ahí que en el año de 1992, al
reconocerse la configuración pluricultural de nuestra Nación, se estableció que
la minería debe ser una actividad adecuadamente regulada, que reconozca su
estrecha relación con el régimen de la propiedad rural por tratarse del
subsuelo, afectada por el régimen de concesión que establece el citado
ordenamiento, pero que no debe estar exento de integrar las preocupaciones e
intereses de los pueblos indígenas y las comunidades rurales.
No obstante, esa visión nacionalista y cultural de la minería, se ha
distorsionado con el tiempo y ha vuelto la propiedad nacional usufructo
extranjero y a los pueblos étnicos, de herederos del patrimonio nacional en siervos
de las grandes empresas.
Al día de hoy existen 286 empresas con capital extranjero operando
en México, las cuales manejan un portafolio de 757 proyectos en total. En 25
estados de la República Mexicana hay presencia de empresas con capital
extranjero realizando trabajos de minería, concentrándose el mayor número de
proyectos en Sonora con 180, Chihuahua con 112, Durango con 82, Sinaloa con 80,
Zacatecas con 62, Jalisco 46, Oaxaca 32, Guerrero con 21, Baja California con
16, Nayarit con 16, Guanajuato 12, Michoacán 15, San Luis Potosí con 12,
Chiapas y Coahuila con 9, Baja California Sur tiene 7 y Colima cuenta con 9; el
Estado de México, Puebla y Querétaro, con 7, Nuevo León con 5, Veracruz con 5 y
finalmente con 2 proyectos para cada uno de los estados de Hidalgo, Morelos,
Tamaulipas.
Del total de empresas con capital extranjero operando en nuestro
país, el 73% (210) tienen sus oficinas centrales en Canadá, 44 en Estados
Unidos (15%), 8 empresas de Australia (3%), el Reino Unido 6 (Inglaterra)
representando el 2%, Japón con el 2% que corresponde a 4 empresas, la República
Popular China con 3 empresas, Corea del Sur e India con 2 empresas al igual que
Perú; con poco más del 1% y Luxemburgo, Chile, Italia, Bélgica y Holanda poseen
una empresa cada uno. sumando menos del 1% del total.
Hay casos relevantes que ilustran el grave desequilibrio y
afectación de los bienes nacionales que estamos señalando, como característica
de la política minera de este y del anterior sexenio gubernamental. En el año
2009, en el Estado de San Luis Potosí, la empresa First Majestic Silver
adquirió 22 concesiones otorgadas a la canadiense Normabec, quien ha realizado
sus trabajos de exploración principalmente en la mina Santa Ana. Dicha
explotación se ha efectuado en 6 mil 326 hectáreas otorgadas a la minera por el
gobierno federal a cambio de tres millones de dólares.
De esta extensión territorial, aproximadamente el 70% se encuentra
en Wirikuta, declarada área natural protegida en enero de 2000. Asimismo, datos
de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía indican que la
empresa canadiense explora en busca de plata y oro.
Dicho proyecto establece que se construirá un túnel de 2 mil 300
metros que atravesará la veta madre, donde se presume que aún hay una gran
cantidad de plata. Incluso los trabajos se desarrollarán a 300 metros de
profundidad y en otras a 700, según el relieve. También se destaca que no hay
un plan claro de explotación subterránea para desviar los flujos hidrológicos,
ya que se tienen indicios que el agua ya no sale a los manantiales, sino se
queda en las minas.
Este es un claro ejemplo de la discrecionalidad y el alcance de las
concesiones mineras, otorgadas en medio de una doble política o una doble moral
gubernamental, que por una parte dice proteger las áreas naturales, como lo
demandan los pueblos indígenas y, por la otra, autoriza la devastación de los
mismos territorios. Y la historia se repite en todos los rincones mineros del
país. Ello sin contar las dudas sobre la vigilancia de las autoridades
ecológicas, que deberían prever el impacto ambiental, pero que son objetadas
por las asociaciones rurales e indígenas.
La minería mexicana, hoy día, presenta opacidad en el otorgamiento
de las concesiones, rapacidad en el acceso ilimitado a las reservas naturales;
desplazamiento de las comunidades originarias, terribles condiciones laborales,
impregnadas con frecuencia de dolor y muerte, como en sabinas o en pasta de
conchos.
La minería también nos sitúa en el debate del reconocimiento de los
derechos de los pueblos indígenas sobre los bienes nacionales, del suelo y del
subsuelo. Nuestro grupo Parlamentario ya presentó un proyecto, en ese sentido,
de reforma constitucional en la LX Legislatura y va a pedir que se retome su
análisis y dictamen.
¿Qué ha cambiado para los indígenas del país de la colonia hasta
ahora? La respuesta es que han pasado de una condición de servidumbre a otra de
explotación y marginación industrial. Ello afecta sus intereses y presumiblemente
los intereses de la nación. Por ello, es un imperativo pedir cuentas de esta
situación y exigir las políticas y programas que afronten y transformen de una
vez por todas, el atraso, el rezago y el abuso que se da en medio de esta
actividad.
Por lo anteriormente expuesto, presento a esta Honorable Asamblea la
siguiente proposición, conforme al siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta a las Secretarias de Energía, Economía, de Medio
Ambiente y de Trabajo y Previsión Social para que proporcionen de manera
urgente un informe integral sobre las licitaciones otorgadas en áreas
territoriales indígenas, su impacto económico en los últimos diez años, la información
sobre la existencia de dictámenes de impacto ambiental y las características
salariales y de relaciones laborales subsistentes, espacialmente en las minas
de oro y plata. Se plantea que dicho informe contenga un apartado específico de
compromisos para enfrentar su problemática con políticas y programas públicos
concretos y en el corto y mediano plazos.
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, agosto de 2011
VIERNES, 19 DE AGOSTO DE 2011
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