Ángel Parra y Joel Cortés
El Universal
Todo comenzó en 1994, cuando Murillo Karam firmó un acuerdo ambiental para cerrar el flujo de aguas negras que utilizaban los ejidatarios en el riego de tierras que estaban dentro de la zona de crecimiento natural de la ciudad, la entrada sur, y que —según la argumentación— contaminaban el ambiente. La decisión dejó a varios ejidos sin opciones agrícolas y sin otra salida más que la venta de las tierras.
Cuando los ejidatarios protestaron, funcionarios del gobierno de Murillo Karam les sugirieron que formaran parte del plan de desarrollo inmobiliario que se había gestado para la zona.
Algunos se rehusaron, como los del ejido Tlapacoya. Los 107 dueños del ejido Venta Prieta fueron seducidos, pero tardaron seis años en ver el dinero por la venta de sus tierras.
Héctor Ortega Palma, presidente del Consejo de Administración de la Zona Plateada de Pachuca, S.A de C.V, constituída por los ejidatarios de Venta Prieta, recuerda esos días con mucha claridad. “Nos dijeron que presentáramos un proyecto inmobiliario. Nosotros nos preguntamos, ¿Qué es eso? ¿Con qué se come?”, recordó.
Ortega afirma que la gente de Murillo Karam pensó que no presentarían una oferta inmobiliaria, pero al final todos los ejidatarios aceptaron hacerlo y se organizaron.
La decisión de quitarles el agua les parecía tramposa, ya que a unos pocos kilómetros de Pachuca, en localidades pobladas del Valle del Mezquital, se siguieron utilizando las aguas negras para el riego.
“¿Habría una estrategia política para urbanizar nuestras tierras desde el principio?”, se pregunta Ortega.
Los ejidatarios se tardaron dos años en conseguir que Murillo Karam les aceptara el proyecto, tiempo en el que más de la mitad de ellos dejaron de producir por el corte de agua impuesto por el gobierno.
Pero el ex gobernador no tenía prisa, y los ejidatarios todavía recuerdan aún cómo Murillo Karam les rechazó los primeros planos del proyecto que le presentaron y los arrojó al suelo.
“Después supimos que era porque tenía familiares que estaban en el negocio de urbanizar,” recuerda Ortega.
Casualmente, los hijos de Jaime Murillo Karam —hermano del exgobernador— fundaron la compañía urbanizadora Hivaco, un año antes de que se cortara el uso de aguas residuales y el pánico disparara la venta masiva de terrenos en toda la ciudad. Hivaco obtuvo contratos millonarios para urbanizar la nueva zona habitacional y de negocios y pudo obtener lotes a precios muy reducidos, de acuerdo a documentos de compra y venta en poder de este diario.
Finalmente, el proyecto de Venta Prieta fue aceptado por Murillo Karam en un convenio firmado en 1998. El desarrollo de 124 hectáreas fue descrito como vanguardista por el mismo Presidente Vicente Fox. En su momento, el exdirector del Registro Agrario Nacional, Abelardo Escobar Prieto, se atrevió a declarar que los ejidatarios de Pachuca eran dueños de una plaza comercial y hoteles de cinco estrellas. Pero la verdad era otra.
El gran negocio para el Pachuca
El hecho es que en agosto de 2003, las finanzas del equipo Pachuca mejoraron a costa de los ejidatarios. El estado de Hidalgo regaló al Club de Futbol de Jesús Martínez, terrenos que fueron donados para fines sociales por los campesinos. En este terreno, el club construyó sus dos mejores inversiones: un hotel Crown Plaza de lujo, conocido como el Tuzo Hotel y el centro de convenciones, Tuzo Forum.
Estos dos proyectos, junto con el centro comercial Galerías Pachuca han sido el motor del encarecimiento de los terrenos en la zona. Las ganancias son netas para los dueños del club porque se niegan a pagar el impuesto predial al argumentar que existe un convenio de 1994, firmado por Murillo Karam, que los exenta del pago.
Otros que salieron ganando, de acuerdo a documentos, fueron el padre del ex gobernador Núñez Soto y varios ex funcionarios públicos (incluyendo Horacio Francisco Ríos Cano, ex director del INVIDAH, Instituto de Vivienda Urbana de Hidalgo), quienes lucraron con terrenos.
Datos de la Tesorería Municipal de Pachuca indican que había un acuerdo en 1994, con el entonces gobernador Jesús Murillo, en el que se eximía al club del pago de impuesto predial por el estadio Hidalgo.
Los apoyos hacia el Grupo Pachuca no terminaron ahí. Durante la gestión del gobernador Manuel Ángel Núñez Soto, el gobierno decidió regalarle más de 20 mil metros en la llamada Zona Plateada de Pachuca, predio que fue donado por los ejidatarios de Venta Prieta y el cual tenía como fin la construcción de un parque. Éste no se construyó, pero a cambio se edificaron algunas oficinas de gobierno, el Tuzo Foro y el Tuzo Hotel o Crowne Plaza.
El proyecto está varado
Desde hace tres años, el proyecto está varado. Sólo se concluyó el 50% de la urbanización. Los ejidatarios —enojados porque el contrato que firmaron con el gobierno y empresarios les daba a los promotores 58 por ciento de las ganancias de las ventas— quisieron retomar control de los terrenos, pero fueron acusados de fraude por Luís Alfonso López del Castillo, el arquitecto que fuera representante legal del proyecto.
No es la primera vez que López del Castillo entra en problemas con socios. Sergio Beltrán Merino, un abogado que junto al arquitecto Marco Antonio Bejos Yaspik, ya difunto, desarrolló la primera etapa del proyecto Zona Plateada, dice que López del Castillo es un experto en fraudes de negocios inmobiliarios, quien los sacó del proyecto y se apropió de los planes preliminares que ellos prepararon.
López del Castillo y sus abogados se negaron a hablar con EL UNIVERSAL. Pero una revisión del perfil de negocios del urbanizador reveló que de ser un funcionario de obra pública de mando medio se convirtió en un gran hombre de negocios que maneja un emporio de bienes raíces.
Los ejidatarios que ganaron dinero
Los 107 ejidatarios de Venta Prieta han ganado dinero. Se repartieron 200 millones de pesos, que fueron pocos después de dividirlos entre todos y reinvertirlos en un fondo de ahorros. El dinero provocó acusaciones de malversación de fondos entre los líderes del ejido, incluyendo a su presidente, Ernesto Ortega Palma. Las acusaciones son rechazadas por Ortega.
Pero las ganancias millonarias que se estimaron al principio del proyecto no se han dado y ahora los ejidatarios temen que los quieran sacar del negocio a pesar de haber ganado la batalla al arquitecto López del Castillo.
“A pesar que hemos ganado el juicio por fraude, los miembros del gobierno estatal no nos dejan trabajar”, explica Ortega frente a dos columnas de las fojas de una juicio que duró tres años y que ellos creen que les costará más de 30 millones de pesos.
Los lotes que los ejidatarios han vendido en los últimos dos años no tienen escrituras porque el director del Registro Público de la Propiedad en Hidalgo, Orlando Serrano González, se rehusó a otorgárselas por la demanda interpuesta. Y, por otro lado, las ganancias que han recibido por las ventas anteriores, se están agotando.
