La experiencia mas devastadora que enfrentamos los ciudadanos y ciudadanas por parte de las autoridades son sus formas sobradas, megalómanas, racistas y avasalladoras que buscan en todo momento demostrar su poder y colocarse siempre en una posición ventajosa frente a los grupos y organizaciones que lo increpan por sus malas actuaciones. Bastos sectores de la población se han acostumbrado o resignado a ser maltratados y humillados por gente que desempeña alguna responsabilidad pública.
En las regiones indígenas, la crueldad de los funcionarios no conoce límites y ante el grave estado de indefensión en que se encuentra la mayoría de esta población, aprovechan esta situación desigual para cometer todo tipo de tropelías y excesos con tal de enriquecerse de manera efímera en nombre de la ley.
Los caciques y sus pistoleros han sido los personajes más sanguinarios que han asolado las regiones empobrecidas del estado. La barbarie caciquil está documentada como un mal endémico que seguimos arrastrando por décadas los guerrerenses y que ha obligado a los pueblos indígenas y campesinos a ejercer su autodefensa, a tener que sacar los machetes y los fusiles para expulsarlos de las trincheras del poder y ajustar cuentas pendientes. Los personajes siniestros siempre han sido miembros de alguna corporación policiaca o elementos de las Fuerzas Armadas. Han contado con licencia para detener arbitrariamente, torturar, desaparecer y matar a los adversarios políticos y a los alzados en armas. Los que se han encargado de legalizar y legitimar todos estos actos son los mismos gobernadores, presidentes municipales y ministerios públicos. El representante de la sociedad desde sus orígenes asumió siempre un rol de policía, como un agente ministerial al que le gustaba portar pistola en el cincho, hacer alardes de su poder, a darse la buena vida en restaurantes, cantinas y burdeles, acostumbrado siempre a que se le rindan honores, y por su parte, a causar temor en la sociedad. Esta institución nunca ha demostrando ser un verdadero representante de la sociedad y está muy lejos de demostrar con resultados que sean sus agentes verdaderos profesionales de la investigación, comprometidos con las personas que han sido víctimas de algún delito.
El sistema de procuración de justicia en nuestro estado ha sido el brazo ejecutor de acciones arbitrarias, ha violentado flagrantemente la ley para perseguir y encarcelar a quienes desafían a los caciques o se atreven a manifestarse para denunciar sus atrocidades. Cualquier líder que alzaba la voz a los grupos gansteriles enquistados en el poder, tenía contados sus días.
Por su parte, las autoridades del poder judicial, nacieron pegadas a la ubre del poder ejecutivo. A lo largo de nuestra historia los representantes de este poder le deben su cargo al ejecutivo en turno. Los ascensos de los jueces, logrados dentro de su carrera judicial, no se entienden sin el apoyo de su jefe político. Por más discursos y argumentaciones magistrales que en su defensa realizan los representantes del poder judicial, los ciudadanos y ciudadanas sabemos cómo funciona el sistema de los poderes públicos, sobre todo el que se encarga de administrar la justicia. Vemos carreras meteóricas de funcionarios judiciales que así como suben a la punta de la pirámide bajan sin pena ni gloria porque su trayectoria no fue forjada con méritos propios sino a través de la oxigenación artificial proporcionada por el ejecutivo. La opacidad es la característica más funesta que permea a este poder que se mueve tras bambalinas, y que lamentablemente, a causa de sus actuaciones poco transparentes, han perdido la confianza de una sociedad maltratada por los abusos del poder.
El gran déficit de justicia que impera en nuestro estado tiene mucho que ver con la forma como se ha ejercido el poder y por el estilo arrogante como se han desempeñado las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia. Lo que más ofende al pueblo de Guerrero es el ensañamiento con el que actúan estas autoridades contra la población más pobre e indefensa. En las agencias de los ministerios públicos se urde toda la trama de la justicia como un negocio próspero que atiende al que ofrece más dinero. Son tan aberrantes las conductas de muchos funcionarios encargados de procurar justicia, que uno mismo se ve obligado a abstenerse a describirlas con toda su crudeza, como realmente suceden en estos espacios de la infamia. Entre más indefensa es la gente, más se le maltrata y discrimina. Por el simple hecho de que alguna persona agraviada entre con temor a una agencia del ministerio público y quiera pedir el apoyo o la intervención de un representante de la sociedad, tendrá que experimentar la desatención y el desprecio. Si estas personas se atrevieran a hablar en su lengua materna, no sólo serían ignoradas sino que sufrirían el escarnio de quienes se sienten superiores a ellos por el hecho de hablar español. Para que la gente pobre pueda ser atendida, necesariamente tiene que ofrecer dinero, ya sea a un abogado coyote o al mismo agente investigador, que de cualquier forma lo obligará a dar varias vueltas para que la aportación económica sea significativa.
La experiencia traumática de los pueblos indígenas ha proporcionado grandes aprendizajes. Han entendido que el sistema de justicia dominante fue elaborado desde una lógica del derecho positivo, que tiene como centro al individuo y como única referencia cultural la forma de pensar y de vivir de las naciones de occidente. Los principios jurídicos, los valores éticos, las concepciones del delito, de las sanciones y formas de castigo, son muy diferentes a la forma como se concibe la justicia y la reparación del daño desde la cosmovisión indígena y desde el marco comunitario. Esta realidad histórica y totalmente válida y respetable, ha sido pisoteada y violentada sistemáticamente por los gobiernos etnocentricos que no respetan ni toleran la pluralidad étnica y lingüística. Lo más grave son sus actuaciones discriminatorias, arbitrarias y abusivas contra la población indígena. No sólo los tienen predestinados para el castigo sino que los ven como objetos de extorsión, tratándoles siempre como gentes sin razón, ingenuos y manipulables.
La lección que dio la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) a las autoridades del estado el 28 de agosto, cuando detuvieron al Juez Mixto de Primera Instancia Filomeno Vázquez Espinoza, a su Secretario de Acuerdos José Luis Bernabe Fernández, así como al Titular del Ministerio Público Omar Sandoval León y al agente Auxiliar Napoleón Hernández Garibo es la reivindicación más contundente y clara del derecho sagrado que poseen los pueblos y que se encuentra consagrado en el derecho internacional, así como en la Constitución Federal y Estatal. La detención injusta de Máximo Tranquilino Santiago, Autoridad de la Casa de Justicia con sede en San Luis, Acatlán perteneciente a la CRAC, vino a ser parte del rosario de agravios y de abusos que han sufrido los coordinadores y coordinadoras de la Policía Comunitaria por cumplir con el mandato de su pueblo de procurar y administrar justicia.
Todos y todas sabemos el talante de la CRAC, su prestigio nacional e internacional, su legitimidad frente a los pueblos indígenas y mestizos, su calidad jurídica y ética, su compromiso probado con las víctimas y su entrega incondicional a la causa por la justicia y la seguridad de los más pobres. En la región de la Costa Montaña, han demostrado con resultados tangibles que es la zona más segura del estado y que lo han logrado a base de sacrificios, en medio de muchas precariedades, realizando en todo momento un servicio gratuito a la comunidad, sacrificando su tiempo, padeciendo hambre, enfermedades y órdenes de aprehensión. No hay parangón entre lo que hoy representa la CRAC y su Policía Comunitaria, por su valioso aporte a la paz y la seguridad en nuestro estado, con el pálido reflejo de las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia del estado, que han sido incapaces de hacer valer la ley investigando los delitos y castigando a los responsables.
El juicio popular que aplicó la CRAC a los funcionarios del estado, y que los colocó en el banquillo de los acusados de cara a la Asamblea, fue un acto propiciado por las mismas autoridades del estado, que de forma deliberada se han obstinado en ignorar las leyes que reconocen a este Sistema de Justicia. Además han incumplido sistemáticamente los compromisos contraídos con el ejecutivo estatal. Por otra parte, fue un recurso al que tuvo que apelar la CRAC obligada por las deficientes actuaciones de los enjuiciados, quienes además de no conocer la Ley 701, continúan actuando con la misma visión racista y persecutoria contra las autoridades comunitarias.
A pesar del coraje y de los deseos de venganza de una población que en todo momento ha clamado justicia, la CRAC tuvo el temple y la autoridad necesaria para darle el lugar que merecen quienes son acusados de algún delito. Los cuatro funcionarios tuvieron la oportunidad de ser escuchados, de tomar en cuenta sus argumentaciones y de conocer las razones que los llevaron a determinar el ejercicio de la acción penal contra Máximo Tranquilino. En ningún momento corrieron el riesgo de ser agredidos, la Asamblea fue el espacio más seguro para que ellos manifestaran con libertad lo que a su derecho correspondía. No había la perversidad de causarles daños, ni de provocarles tratos denigrantes e inhumanos, simple y llanamente la Asamblea los llamó a cuentas y con todo el rigor de la ley de los pueblos indígenas, los interpelaron para que aprendieran a respetar el Sistema de Justicia Comunitaria, y al mismo tiempo, valoraran lo que significa la lucha heroica de un pueblo que no se arrodilla ni teme a un sistema de justicia represor y discriminatorio, que ellos representan.
Desde el poder sagrado del pueblo, la CRAC dio una enseñanza magistral a los cuatro funcionarios y a las autoridades en general sobre cómo deben de actuar y comportarse con la población indígena a la hora de procurar y administrar justicia, porque el respeto a sus derechos es justicia.
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