El martes [junio 5] es la fecha límite para que los candidatos presidenciales respondan las siete preguntas de la Coalición Ciudadana Democracia y Medios, formuladas a través de un documento publicado y que se les entregó la semana pasada [mayo 28], con la intención de que se comprometan de una buena vez, o no, con una «agenda ciudadana por el derecho a la información y la libertad de expresión» ―de cara al 1 de julio.
Esas preguntas son las siguientes y al releerlas me producen ansiedad:
«1. ¿Impulsaría una reforma integral al régimen legal de la radiodifusión y las telecomunicaciones sustentada en la rectoría del Estado, el servicio público, los derechos humanos y que reduzca la concentración de la propiedad, promueva la competencia en el sector, combata las prácticas monopólicas, garantice certidumbre jurídica a los sectores privado, público, indígena, comunitario y social de la radiodifusión, fomente la cobertura de servicios, regule la propiedad cruzada de medios y la convergencia de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones en beneficio de los usuarios? ¿Bajo qué propuesta y cómo lo haría?
«2. ¿Cómo diseñaría una política pública integral con objetivos, estrategias y líneas de acción precisas y medibles que fomente el desarrollo del sector, reduzca la brecha digital, promueva y facilite el acceso alfabetizado a nuevas tecnologías, incremente la penetración de banda ancha, garantice el acceso universal a un internet libre, rápido y barato, así como la neutralidad de la red? ¿Cómo garantizaría nuevas opciones de televisión digital y su acceso a toda la sociedad, así como una redistribución a nuevos competidores del dividendo digital?
«3. ¿Qué medidas impulsará para regular y fiscalizar el gasto en comunicación social para evitar que estos recursos del Estado se utilicen de manera discrecional y terminen en las arcas de las televisoras, o bien se desvíen de su verdadero propósito que es el servicio público de informar a la población de acciones que le beneficien y no para la promoción de los gobiernos en turno o bien para premiar o castigar las líneas editoriales de los medios?
«4. ¿Qué acciones realizará para acabar con la impunidad de las agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación, y cómo salvaguardará y garantizará el quehacer de los trabajadores de la información para que se respete la cláusula de conciencia y sus derechos laborales y de protección para que puedan informar libremente a la sociedad?
«5. ¿Qué legislación y política públicas implementará para garantizar la producción nacional, regional y local independiente que permita una mayor diversidad de contenidos audiovisuales, tanto en su producción como en su distribución, así como el impulso sustancial a las industrias culturales que actualmente se encuentran controladas por unas cuantas empresas, como es el caso de la exhibición de cine? ¿Qué medidas tomará para que los derechos de las audiencias sean respetados por los medios de comunicación con base en los acuerdos internacionales en la materia?
«6. ¿Cómo fortalecerá la reforma electoral y el modelo de comunicación político-electoral para que sea el debate y no los spots los que guíen las preferencias electorales de los ciudadanos y evitar que sea el dinero el que determine quienes tengan mayor acceso a los medios de comunicación?
«7. ¿Qué acciones concretas tomará como gobernante con un Congreso que estará integrado por legisladores directamente vinculados con los intereses de las televisoras, para asegurar que por el conflicto de interés no legislen a favor de los intereses de éstas?».
Dichas preguntas, sí, me provocan ansiedad: me encantan y entusiasman, pero al mismo tiempo me preocupa que las organizaciones y ciudadanos que fuimos llamados a conformar dicha Coalición ―yo, como miembro de La Voladora Radio 97.3 FM de Amecameca― pensemos con seriedad que alguno de los destinatarios pudiera tener la estatura política, intelectual y humanística para responderlas.
Mientras más deficiente es la cultura política de una sociedad, más el debate público se asemeja a uno de feligreses y no de ciudadanos. Pero tomo el riesgo. Y sostengo que esas preguntas no tienen respuestas verdaderas, en virtud de que los candidatos:
1) Debieran disponer de una plataforma de política de medios, enfocada en una reforma estructural que privilegie el interés público, y hasta ahora ninguno la ha mostrado públicamente, siendo un tema de primer orden.
2) Si no disponen de esa plataforma, como es probable, tendrían que desarrollarla para ser capaces de responder las siete preguntas. Un problema es el tiempo: a estas alturas, secundados por sus equipos, están ocupados en ganar puntos porcentuales arrojándose a la cara mutuamente sus inmundicias.
3) Los tres principales candidatos no han mostrado en el ejercicio del poder vocación política en lo tocante a democratizar el sistema de medios; por el contrario, han echado mano de cuantiosas sumas de fondos del Estado para promoverse personalmente y mantener el sistema, capitalizando sus vicios.
4) La plena y profunda democratización del sistema de medios exige una revolución cultural que ninguno de los candidatos tendría la capacidad, talento y vocación política de liderar desde el poder. Es una misión que nos corresponde a los ciudadanos, quienes debemos comenzar transformando hábitos y prácticas de apropiación de información, ejercicio de la libre expresión y entretenimiento.
Veamos qué responden, si responden. Pero al margen de eso, convirtamos estas preguntas en referente para la acción ciudadana a lo largo del próximo sexenio, de modo que dejemos de esperar que sean los burócratas de Estado quienes encabecen la revolución humanística implícita. Esa nos toca a nosotros, porque tiene que ver con nuestros intereses comunes vitales.
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