Punto de acuerdo
presentado en el congreso solicitando un informe sobre las licitaciones
otorgadas en áreas territoriales indígenas, el impacto económico, ambiental y
las relaciones laborales subsistentes, especialmente en las minas de oro y
plata.
Diversos
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
de conformidad con lo previsto en el artículo 79, numeral I del Reglamento de
la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la
presente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE
MOTIVOS
El sector minero
tiene una gran importancia en la historia, la economía, la organización social,
el presente y el futuro de México. La diversidad y abundancia de minerales de
nuestro territorio, siempre ha sido una de nuestras mayores riquezas. Ello queda
claro con las motivaciones de las misiones españolas hacia nuestro país, el
litigio juarista con las compañías mineras y el énfasis del Constituyente del
17 en la redacción de un amplio, detallado y pleno de soberanía artículo 27
constitucional, que es el fundamento más sólido del estado nacional.
Los recursos
naturales son primordiales, esenciales para la subsistencia del país, incluso
por su relación con la cultura, la identidad y el desarrollo de nuestros
pueblos indígenas. De ahí que en el año de 1992, al reconocerse la
configuración pluricultural de nuestra Nación, se estableció que la minería
debe ser una actividad adecuadamente regulada, que reconozca su estrecha
relación con el régimen de la propiedad rural por tratarse del subsuelo,
afectada por el régimen de concesión que establece el citado ordenamiento, pero
que no debe estar exento de integrar las preocupaciones e intereses de los
pueblos indígenas y las comunidades rurales.
No obstante, esa
visión nacionalista y cultural de la minería, se ha distorsionado con el tiempo
y ha vuelto la propiedad nacional usufructo extranjero y a los pueblos étnicos,
de herederos del patrimonio nacional en siervos de las grandes empresas.
Al día de hoy
existen 286 empresas con capital extranjero operando en México, las cuales
manejan un portafolio de 757 proyectos en total. En 25 estados de la República
Mexicana hay presencia de empresas con capital extranjero realizando trabajos
de minería, concentrándose el mayor número de proyectos en Sonora con 180,
Chihuahua con 112, Durango con 82, Sinaloa con 80, Zacatecas con 62, Jalisco
46, Oaxaca 32, Guerrero con 21, Baja California con 16, Nayarit con 16,
Guanajuato 12, Michoacán 15, San Luis Potosí con 12, Chiapas y Coahuila con 9,
Baja California Sur tiene 7 y Colima cuenta con 9; el Estado de México, Puebla
y Querétaro, con 7, Nuevo León con 5, Veracruz con 5 y finalmente con 2
proyectos para cada uno de los estados de Hidalgo, Morelos, Tamaulipas.
Del total de
empresas con capital extranjero operando en nuestro país, el 73% (210) tienen
sus oficinas centrales en Canadá, 44 en Estados Unidos (15%), 8 empresas de
Australia (3%), el Reino Unido 6 (Inglaterra) representando el 2%, Japón con el
2% que corresponde a 4 empresas, la República Popular China con 3 empresas,
Corea del Sur e India con 2 empresas al igual que Perú; con poco más del 1% y
Luxemburgo, Chile, Italia, Bélgica y Holanda poseen una empresa cada uno.
sumando menos del 1% del total.
Hay casos
relevantes que ilustran el grave desequilibrio y afectación de los bienes
nacionales que estamos señalando, como característica de la política minera de
este y del anterior sexenio gubernamental. En el año 2009, en el Estado de San
Luis Potosí, la empresa First Majestic Silver adquirió 22 concesiones otorgadas
a la canadiense Normabec, quien ha realizado sus trabajos de exploración
principalmente en la mina Santa Ana. Dicha explotación se ha efectuado en 6 mil
326 hectáreas otorgadas a la minera por el gobierno federal a cambio de tres
millones de dólares.
De esta
extensión territorial, aproximadamente el 70% se encuentra en Wirikuta,
declarada área natural protegida en enero de 2000. Asimismo, datos de la
Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía indican que la empresa
canadiense explora en busca de plata y oro.
Dicho proyecto
establece que se construirá un túnel de 2 mil 300 metros que atravesará la veta
madre, donde se presume que aún hay una gran cantidad de plata. Incluso los
trabajos se desarrollarán a 300 metros de profundidad y en otras a 700, según
el relieve. También se destaca que no hay un plan claro de explotación
subterránea para desviar los flujos hidrológicos, ya que se tienen indicios que
el agua ya no sale a los manantiales, sino se queda en las minas.
Este es un claro
ejemplo de la discrecionalidad y el alcance de las concesiones mineras,
otorgadas en medio de una doble política o una doble moral gubernamental, que
por una parte dice proteger las áreas naturales, como lo demandan los pueblos
indígenas y, por la otra, autoriza la devastación de los mismos territorios. Y
la historia se repite en todos los rincones mineros del país. Ello sin contar
las dudas sobre la vigilancia de las autoridades ecológicas, que deberían
prever el impacto ambiental, pero que son objetadas por las asociaciones
rurales e indígenas.
La minería
mexicana, hoy día, presenta opacidad en el otorgamiento de las concesiones,
rapacidad en el acceso ilimitado a las reservas naturales; desplazamiento de
las comunidades originarias, terribles condiciones laborales, impregnadas con
frecuencia de dolor y muerte, como en sabinas o en pasta de conchos.
La minería
también nos sitúa en el debate del reconocimiento de los derechos de los
pueblos indígenas sobre los bienes nacionales, del suelo y del subsuelo.
Nuestro grupo Parlamentario ya presentó un proyecto, en ese sentido, de reforma
constitucional en la LX Legislatura y va a pedir que se retome su análisis y
dictamen.
¿Qué ha cambiado
para los indígenas del país de la colonia hasta ahora? La respuesta es que han
pasado de una condición de servidumbre a otra de explotación y marginación
industrial. Ello afecta sus intereses y presumiblemente los intereses de la
nación. Por ello, es un imperativo pedir cuentas de esta situación y exigir las
políticas y programas que afronten y transformen de una vez por todas, el
atraso, el rezago y el abuso que se da en medio de esta actividad.
Por lo
anteriormente expuesto, presento a esta Honorable Asamblea la siguiente
proposición, conforme al siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se
exhorta a las Secretarias de Energía, Economía, de Medio Ambiente y de Trabajo
y Previsión Social para que proporcionen de manera urgente un informe integral
sobre las licitaciones otorgadas en áreas territoriales indígenas, su impacto
económico en los últimos diez años, la información sobre la existencia de dictámenes
de impacto ambiental y las características salariales y de relaciones laborales
subsistentes, espacialmente en las minas de oro y plata. Se plantea que dicho
informe contenga un apartado específico de compromisos para enfrentar su
problemática con políticas y programas públicos concretos y en el corto y
mediano plazos.
Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión, agosto de 2011
Tomado de http://cosapublicaxxi.blogspot.mx/
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